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El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a los bancos al dictaminar que quien debe abonar el impuesto en las hipotecas (impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria) es la entidad prestamista, es decir, el banco, no quien recibe el préstamo.

Este pronunciamiento tiene repercusión para numerosos afectados que pagaron todos los gastos de su hipoteca, incluido el impuesto.

En la ya famosa sentencia de este pasado martes 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y su reglamento, concluye que el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria no es el prestatario, es decir, el cliente que se hipoteca (como aquella jurisprudencia sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Para ello el tribunal tiene en cuenta que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción es el banco, porque solo con esa inscripción podrá después ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos. Eso es un privilegio que se otorga a quien presta el dinero en una hipoteca y por eso debe pagar los costes de su inscripción.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Esta será la doctrina que aplique desde ahora el Tribunal Supremo, que ha querido así acabar con las discrepancias que había sobre esta materia dentro del propio tribunal ya que, hasta la sentencia del 16 de octubre, la Sala de lo Civil avalaba que fuera el cliente el que pagara el impuesto por la firma de la hipoteca.

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