Nos hacemos eco de la noticia publicada sobre el retraso que sufre la Justicia en nuestro país, y más concretamente los juzgados en nuestra Región.
Los juzgados murcianos han batallado duramente en los últimos tiempos para tratar de reducir sus tiempos de respuesta y lo han conseguido -al menos en Primera Instancia-. Sin embargo, los datos siguen colocando a Murcia como la Región en la que los juzgados tardan más en resolver. No en vano, la Región es una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad y, sin embargo, con un menor ratio de jueces por habitante.
No obstante, no solo en Murcia tenemos ese problema, en España en general la Justicia es lenta y los plazos para resolver varían desde una media de dos años en asuntos civiles, a plazos aún mayores en temas penales, sobre todo en casos de corrupción.
Los grandes casos de corrupción suelen estar aparejados muchas veces al blanqueo de dinero en el extranjero, generalmente en paraísos fiscales. La cooperación judicial con estos países no resulta sencilla, pues allí prevalece el secreto bancario, al contrario de lo que sucede en España. Los convenios de cooperación judicial varían de un lugar a otro. Una simple comisión rogatoria puede demorarse meses e incluso años. Bien es verdad, señala un juez, que la Euroorden ha supuesto un avance. Pero no es menos cierto que hay casos que pueden quedarse estancados al no demostrarse con pruebas precisas que ha existido un delito fiscal, algo fundamental en los delitos de corrupción.
Uno de los mayores problemas es la falta de personal. Los jueces se quejan por no disponer a su mando de personal cualificado para investigar este tipo de delitos económicos, como peritos contables o inspectores de Hacienda adscritos directamente a los juzgados. De igual modo, reclaman una policía judicial que dependa orgánicamente de ellos y no esté sujeta al poder político, para garantizar la independencia de la investigación.
Por ahora, seguiremos con la Justicia lenta hasta que no se mejore el sistema.
